El Senado francés aprobó una nueva ley que busca regular el impacto ambiental del fast fashion, enfocándose en marcas como Shein y Temu. La normativa introduce un sistema de eco-puntuación que calificará cada prenda según su huella ambiental. Las empresas que obtengan las peores calificaciones deberán pagar hasta 10 euros por prenda a partir del 2030.
Además, se prohíbe la publicidad de marcas de ultra fast fashion y se penalizará a los influencers que las promocionen. También se implementará un impuesto extra a los paquetes pequeños importados desde fuera de la Unión Europea, medida que apunta directamente a las plataformas asiáticas.
A pesar de su alcance, la ley ha sido criticada por no incluir a grandes cadenas como Zara, H&M o Kiabi, que dominan el mercado en Francia. Organizaciones ecologistas acusan al gobierno de priorizar intereses económicos frente a una regulación más justa.
La ley aún debe ser revisada por la Comisión Europea antes de su entrada en vigor, pero ya marca un precedente como la primera medida legal concreta contra la moda ultra rápida a nivel mundial.